MÉXICO, 24 DE JULIO DEL 2026
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dejó en claro la postura de su gobierno frente a la polémica por la prohibición de narcocorridos en eventos públicos. Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que no impulsará una restricción a nivel nacional, apostando en cambio por la educación y la concientización social.
El debate surge luego de que diversos estados y municipios han decidido limitar o prohibir la presentación de artistas cuyos contenidos musicales hacen apología del crimen organizado, la violencia, el consumo de drogas o la misoginia. Estas medidas han generado opiniones divididas entre autoridades, artistas y sociedad.
Sheinbaum explicó que estas decisiones corresponden exclusivamente a gobiernos locales, quienes cuentan con autonomía para legislar sobre espectáculos públicos. En ese sentido, reiteró que el gobierno federal no promoverá una política de censura en torno a este tipo de música.
Uno de los argumentos principales de la mandataria es que prohibir contenidos no elimina su consumo. Señaló que, aunque se restrinjan conciertos, las personas continuarán escuchando narcocorridos a través de plataformas digitales y otros medios.
En contraste, su administración plantea fortalecer la educación como una herramienta clave para generar conciencia, especialmente entre jóvenes. La intención es fomentar un pensamiento crítico que permita analizar los mensajes que promueven la violencia.
No obstante, Sheinbaum reconoció que existen casos en los que el Estado sí debe intervenir mediante regulaciones. Como ejemplo, mencionó las políticas de salud pública en escuelas, donde se han implementado medidas para restringir alimentos poco saludables y proteger a la infancia.
El contexto también incluye discusiones actuales sobre el uso de teléfonos celulares y redes sociales en entornos escolares, lo que demuestra que el enfoque gubernamental busca equilibrar la libertad individual con la protección de sectores vulnerables.
Mientras tanto, entidades como la Ciudad de México han avanzado en reformas que prohíben la difusión de contenidos que hagan apología del delito en eventos públicos. Estas medidas buscan evitar la normalización de la violencia en espacios regulados por el Estado.
