Una iniciativa impulsada por Ricardo Monreal plantea modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social para evitar que las empresas utilicen contratos de honorarios o servicios especializados para ocultar relaciones laborales.
25 de octubre de 2026
Ciudad de México.- Una nueva propuesta de reforma laboral busca cerrar las lagunas legales que permiten a algunas empresas contratar trabajadores bajo esquemas de honorarios o servicios especializados, aun cuando desempeñan actividades propias de una relación laboral.
El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, impulsa una iniciativa para modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, con el objetivo de evitar prácticas que podrían afectar el acceso de los trabajadores a sus derechos y prestaciones.
La propuesta surge después de identificar irregularidades en la contratación de personal, entre ellas empresas que utilizan contratos de servicios profesionales para evitar reconocer relaciones laborales y patrones que recurren a esquemas de subcontratación para eludir sus obligaciones.
¿Qué cambiaría para quienes trabajan por honorarios?
Uno de los aspectos más importantes de la iniciativa se encuentra en el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo.
La propuesta establece que podría presumirse la existencia de una relación laboral cuando una persona presta servicios profesionales y quien la contrata determina dónde y cómo debe trabajar, le proporciona herramientas o materiales y establece una remuneración.
Esto significaría que llamar a un pago “honorarios” no sería suficiente para descartar una relación laboral cuando existen condiciones de subordinación.
Por ejemplo, si una empresa contrata a una persona por honorarios, pero le indica dónde debe presentarse, cómo realizar sus actividades y le proporciona los medios para trabajar, estas circunstancias podrían utilizarse para reconocer la existencia de una relación laboral.
La iniciativa busca evitar que el nombre del contrato prevalezca sobre las condiciones reales en las que se desempeña el trabajo.
Empresas tendrían que justificar la contratación de servicios especializados
Otro de los cambios contempla la incorporación del artículo 13 Bis, que establecería condiciones más claras para contratar servicios especializados.
Las empresas únicamente podrían recurrir a estos esquemas cuando necesiten conocimientos técnicos, infraestructura, equipo o capacidades operativas que no posean.
Además, se buscaría impedir que las compañías contratantes utilicen al personal subcontratado para realizar actividades que forman parte de su actividad económica principal o ejerzan directamente funciones de mando sobre esos trabajadores.
La propuesta también contempla exigir un anexo técnico en los contratos para justificar por qué resulta necesaria la contratación de un proveedor especializado.
Bonos de productividad también entrarían en el cálculo del salario ante el IMSS
La reforma propuesta al artículo 27 de la Ley del Seguro Social busca incorporar expresamente los bonos de productividad y otras compensaciones a la integración del salario base de cotización.
Con ello se pretende evitar que ciertas empresas utilicen estos conceptos para registrar salarios inferiores a las remuneraciones que realmente reciben sus trabajadores.
Este cambio podría tener implicaciones en las aportaciones de seguridad social y en las prestaciones que se calculan tomando como referencia el salario registrado ante el IMSS.
Detectan irregularidades pese a la reforma de 2021
Aunque la reforma de subcontratación aprobada en 2021 redujo el número de trabajadores contratados mediante esquemas de outsourcing, la iniciativa señala que todavía existen mecanismos utilizados para evadir las restricciones.
Entre los problemas identificados se encuentran empresas que utilizan su registro de servicios especializados para justificar contratos que no corresponden a las actividades permitidas.
También se detectaron deficiencias de supervisión: durante 2024, las revisiones administrativas alcanzaron apenas al 1.2% de las empresas inscritas en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), según los datos citados en la propuesta.
¿Cuándo entrarían en vigor las nuevas reglas?
Es importante aclarar que estas modificaciones todavía no son una ley aprobada. Se trata de una iniciativa que debe seguir el proceso legislativo correspondiente.
El proyecto contempla que, de aprobarse, las reformas entren en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Asimismo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tendría un plazo de 30 días naturales para publicar las disposiciones relacionadas con el anexo técnico de los contratos de servicios especializados.
La propuesta abre nuevamente el debate sobre las condiciones laborales en México y la necesidad de evitar que figuras de contratación legalmente permitidas se utilicen para desconocer los derechos de los trabajadores.
