26 de septiembre de 2026
Ciudad de México.- A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Amnistía Internacional pidió al Gobierno federal obligar al Ejército a entregar toda la información que tenga relacionada con el caso, al señalar que todavía existen documentos relevantes que no han sido proporcionados.
La organización indicó que las familias de los normalistas, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y otras instancias han solicitado durante años esa documentación. Entre los materiales pendientes se encuentran 853 folios que, según Amnistía, podrían aportar elementos importantes para la investigación.
Amnistía sostuvo que el Ejército aún no ha entregado toda la información pese a que existe un mandato judicial que ordena hacerlo. La organización también señaló que la lentitud de las investigaciones ha contribuido a que el caso continúe sin resolverse plenamente después de más de una década.
El GIEI, al concluir su participación en 2023, afirmó que la información que recibió era parcial y que existían otros datos relacionados con la detención y traslado de los estudiantes que debían ser incorporados a la investigación.
El propio Gobierno federal ha reconocido anteriormente que durante los hechos existieron intercepciones de comunicaciones realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional y que esas fuentes de información formaban parte de las líneas que debían continuar investigándose.
Amnistía también pidió investigar la eliminación de videos captados por cámaras del Palacio Municipal de Iguala. El reporte señala que esa decisión ha sido atribuida al exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero y a otras dos personas, por lo que la organización considera necesario esclarecer si existió destrucción de evidencia o encubrimiento.
La desaparición de los 43 normalistas ocurrió la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. En informes oficiales anteriores, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa calificó los hechos como un crimen de Estado y señaló que autoridades de distintos niveles tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes.
