Cambios en TPS y leyes migratorias en EE. UU.

Fecha:

Estados Unidos. 12/Febrero/2026

 En febrero de 2026, el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos vive un momento de alta volatilidad tras fallos judiciales y decisiones administrativas que afectan a miles de migrantes de países como Honduras, Nicaragua, Nepal y Haití. Los cambios han generado incertidumbre legal y preocupación en comunidades migrantes en todo el país. 

Una familia busca una manera de sortear una barrera de alambre de púas junto al Río Bravo, en 2023 en Eagle Pass, Texas. DUSTINSAFRANEK (GETTY IMAGES)

El Estatus de Protección Temporal (TPS) protege a nacionales de países afectados por desastres naturales o conflictos, permitiéndoles permanecer en EE. UU. y trabajar legalmente sin riesgo de deportación. En lo que va de 2026, una serie de resoluciones judiciales ha puesto al programa en una posición inestable. 

Un fallo reciente de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito permitió a la administración del presidente Donald Trump continuar con la eliminación del TPS para más de 60 000 migrantes procedentes de Honduras, Nepal y Nicaragua, revirtiendo decisiones judiciales anteriores que habían protegido estos estatus. Organizaciones migrantes han criticado esta movida, advirtiendo el impacto humano y legal para comunidades que han vivido en EE. UU. durante años. 

Por otro lado, cientos de miles de beneficiarios del TPS haitiano vieron la expiración de su estatus programada para el 3 de febrero de 2026, pero un juez federal detuvo temporalmente la terminación, extendiendo las protecciones y la validez de permisos de trabajo mientras continúa la disputa legal. 

A pesar de que algunos migrantes latinoamericanos aún mantienen la protección del TPS, la situación sigue siendo incierta debido a las apelaciones legales y la posibilidad de que la Corte Suprema intervenga en los casos más complejos. 

Contexto adicional: El TPS no conduce automáticamente a la residencia permanente, y su validez depende tanto de decisiones judiciales como de acciones administrativas del Departamento de Seguridad Nacional. Marzo y abril serán meses claves para definir si los fallos judiciales se consolidan o si nuevas apelaciones cambian el rumbo del programa. 

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