México, 1 de agosto de 2025
El expresidente colombiano Álvaro Uribe ha sido declarado culpable esta semana de los delitos de fraude procesal y soborno, y condenado a 12 años de arresto domiciliario. Este hecho lo convierte en el primer exmandatario de la historia de Colombia en ser declarado culpable en juicio. Si bien la condena de Uribe no tiene precedentes en su nación, no es un caso aislado en la región latinoamericana, donde varios exdirigentes han enfrentado y recibido condenas penales.
La lista de exmandatarios latinoamericanos con historiales judiciales es notable y diversa. En Argentina, Cristina Kirchner fue condenada en 2022 por corrupción relacionada con contratos de obras públicas, una sentencia que la Corte Suprema confirmó el mes pasado, incluyendo la prohibición de por vida para ocupar cargos públicos. La exprimera dama y exvicepresidenta, de 72 años, cumple su condena en arresto domiciliario, aunque siempre ha negado las acusaciones, alegando persecución política.
En Brasil, el actual presidente Luis Inácio Lula Da Silva también fue condenado por corrupción y blanqueo de dinero en el marco de la investigación “Lava Jato”, llegando a cumplir 580 días de prisión. Sin embargo, sus condenas fueron anuladas en 2021, al dictaminar el Supremo Tribunal Federal que el juez que supervisó el caso era parcial. Otro expresidente brasileño, Fernando Collor de Mello, fue condenado por aceptar sobornos de una unidad de Petrobras y cumple su pena en arresto domiciliario, décadas después de un escándalo de corrupción que llevó a su destitución.
En Ecuador, Rafael Correa, quien gobernó durante una década, fue declarado culpable en 2020 y condenado a ocho años de prisión por liderar una red de sobornos. Desde 2017 vive en Bélgica, con asilo político, manteniendo que los cargos son persecución política. El Salvador también suma dos casos: Mauricio Funes, condenado en ausencia en 2023 por tratos con líderes de pandillas (fallecido este año), y Antonio Saca, el primer expresidente salvadoreño condenado por corrupción, quien cumple 10 años de prisión por malversar más de 300 millones de dólares en fondos públicos.
Guatemala vio a Otto Pérez y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, dejar el cargo y entrar en prisión tras ser declarados culpables de asociación ilícita y fraude aduanero. Perú, por su parte, tiene una de las listas más extensas, con Alejandro Toledo condenado en 2024 a más de 20 años de prisión por aceptar 35 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, y Ollanta Humala condenado en abril de 2025 a 15 años por blanquear fondos ilícitos de campaña de la misma constructora. Ambos han negado las acusaciones.
Finalmente, en Panamá, Ricardo Martinelli fue condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales en un caso que implicó el uso de fondos públicos para comprar un conglomerado de medios de comunicación. Martinelli se refugió en la embajada de Nicaragua y luego obtuvo asilo en Colombia, manteniendo su inocencia.
La presencia de tantos exjefes de Estado en listas judiciales evidencia una tendencia en América Latina hacia una mayor rendición de cuentas de las élites políticas, aunque a menudo estos procesos están inmersos en debates sobre persecución política y la independencia judicial. Estos casos subrayan los desafíos persistentes en la gobernanza y la lucha contra la corrupción en la región.
