23 DE ENERO DEL 2025
El pasado domingo, un helicóptero realizó un aterrizaje sin autorización en la playa de Pinamar, en la zona conocida como “La Olla”, generando gran conmoción entre los turistas presentes. El incidente ocurrió en el marco de un recital del cantante Joel Rivas, conocido como “Perro Primo”, quien fue transportado en la aeronave al lugar del show. Aunque no hubo personas heridas, el piloto, Luciano Ventricelli, fue inhabilitado por 60 días y enfrenta una causa penal por la maniobra.
Según las primeras investigaciones, el helicóptero, un Augusta modelo 109 con matrícula LV-ZBB, despegó del aeródromo de Villa Gesell con destino a la zona de la Frontera en Pinamar. Durante el vuelo, el piloto arrojó papeles desde el aire, lo que desató una corrida masiva de personas que pensaban que se trataba de billetes. En un video difundido en redes sociales, se escucha a los testigos decir “están tirando billetes, dólares”, lo que aumentó la agitación en el lugar.
El aterrizaje del helicóptero fue realizado en medio de una playa repleta de turistas, sin contar con la autorización necesaria de las autoridades competentes. A raíz de la viralización de los videos en redes sociales, la Justicia Federal, a través del Juzgado de Dolores, inició una investigación bajo el artículo 139 bis del Código Penal, que sanciona la creación de situaciones peligrosas para la integridad de las personas.
Tras el incidente, las autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) decidieron inhabilitar a Ventricelli por un período de 60 días, además de solicitarle la entrega de su licencia de piloto. El hecho también dio lugar a una causa penal que podría implicar hasta tres años de prisión para el piloto, quien ya ha sido identificado y notificado de los cargos en su contra.
Este incidente resalta la importancia de cumplir con las normativas de seguridad aérea, especialmente en lugares concurridos como las playas. El uso irresponsable de aeronaves no solo pone en riesgo la seguridad de las personas en tierra, sino que también refleja una actitud despreciativa hacia las leyes que protegen a los ciudadanos. Las sanciones impuestas al piloto y la investigación en curso son un recordatorio claro de que la justicia debe garantizar la seguridad pública sin excepciones.
