Washington D.C., 4 de agosto de 2025
La Administración Trump ha dado un nuevo giro a su política migratoria, retomando una polémica medida de su primer mandato. Se trata de una norma que exigirá a algunos solicitantes de visas de negocios y turismo el depósito de una fianza de 5.000, 10.000 o 15.000 dólares para entrar a Estados Unidos. El plan, que entrará en vigor el 20 de agosto como un programa piloto de un año de duración, está dirigido a ciudadanos de países con altas tasas de permanencia en EE. UU. y procesos de documentación deficientes.
El Departamento de Seguridad Nacional afirma que el objetivo es garantizar que el Gobierno no incurra en gastos extras cuando un visitante incumpla los términos del visado. El documento oficial indica que los viajeros que soliciten visas de negocios o placer, y que sean nacionales de países identificados con altas tasas de permanencia y con fallas en sus procesos de selección, estarán sujetos a este programa.
Una versión anterior de esta política se emitió en noviembre de 2020, pero no se aplicó por completo debido a la pandemia de covid-19. En esa ocasión, la medida afectó a una veintena de países, la mayoría africanos, con tasas de permanencia superiores al 10%. Quienes paguen la fianza la recibirán de vuelta al salir del país, naturalizarse como ciudadanos o en caso de fallecimiento. Sin embargo, si un viajero excede el tiempo de su estadía, podría perder el depósito para cubrir los costos asociados a su deportación.
Los ciudadanos de países que participan en el Programa de Exención de Visa están fuera de la medida. Esta nueva norma se suma a la reciente “tarifa de integridad” de 250 dólares, que entrará en vigor en 2026 y se cobrará a la mayoría de los solicitantes de visas de no inmigrantes. Aunque no se ha publicado el listado oficial de países afectados, datos de 2023 de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza revelan que naciones como Angola, Nigeria, Burkina Faso y Afganistán figuran entre las que tienen altas tasas de permanencia. La lista definitiva se publicará 15 días antes del inicio del programa.
Esta medida de la Administración Trump representa un endurecimiento de los controles migratorios y una barrera económica significativa para viajeros de ciertas naciones. Aunque el gobierno justifica la fianza como una forma de cubrir los costos de deportación, la política plantea interrogantes sobre su impacto en el turismo y en las relaciones diplomáticas con los países afectados.
