Ciudad Juárez, 4 de agosto de 2025
Julián y Adrián LeBarón, junto a miembros de su comunidad, se manifestaron en la presidencia municipal de Ciudad Juárez para exigir la renuncia del alcalde Cruz Pérez Cuellar y del secretario de Seguridad, César Omar Muñoz. La protesta se desató tras la detención de Galdino ‘N’, alias “El Monster”, un policía municipal en activo que presuntamente estuvo involucrado en la masacre de Bavispe, Sonora, en noviembre de 2019.
Los activistas reclamaron que las autoridades permitan la entrada de presuntos integrantes del crimen organizado a las corporaciones de seguridad. “No podemos callar, no podemos darle a los criminales y a las autoridades la complicidad de nuestro silencio”, señaló Julián LeBarón, quien cuestionó la eficacia de los exámenes de confianza. “El alcalde dice que ese elemento pasó los exámenes de confianza, nosotros estamos aquí para decir que eso no es suficiente”.
Galdino ‘N’, un exmilitar, fue detenido el 26 de julio y vinculado a proceso el 29 por los delitos de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa, feminicidio y tentativa de feminicidio, por la masacre de nueve personas, incluyendo tres mujeres y seis niños de la familia Langford-LeBarón. Adrián LeBarón, presente en la audiencia, denunció que las autoridades que no detectan estos casos en sus corporaciones son cómplices, asegurando que “hay muchas pruebas” que evidencian la participación del ahora expolicía.
Por su parte, el alcalde y el secretario de Seguridad de Ciudad Juárez se defendieron, argumentando que “El Monster” había aprobado todos los exámenes de confianza y no contaba con antecedentes penales, ni órdenes de aprehensión registradas en Plataforma México. Cruz Pérez Cuellar hizo un llamado a “revisar” el tema de los exámenes de confianza a nivel nacional, ya que se trata de un proceso estructurado del que ninguna corporación puede prescindir.
La manifestación de la familia LeBarón subraya la profunda desconfianza que existe hacia las instituciones de seguridad, exacerbada por la vinculación de un policía en activo con un crimen de gran impacto. El caso abre un debate sobre la efectividad de los exámenes de confianza y la responsabilidad de los gobernantes al no lograr evitar la infiltración del crimen organizado en las fuerzas del orden, evidenciando que, para las víctimas, el cumplimiento de los protocolos no es suficiente cuando se trata de hacer justicia.
