MÉXICO, 26 DE JUNIO DEL 2025.
Durante el periodo extraordinario del Senado, Ricardo Anaya, senador del PAN, criticó enérgicamente la reforma que busca establecer la CURP biométrica como un requisito obligatorio en México. Esta modificación legislativa permitiría la recolección de datos personales, incluidos biométricos, y la geolocalización en tiempo real, sin necesidad de una orden judicial.
¨Gobierno espía¨, el centro del discurso
Anaya no escatimó en señalar lo que calificó como “el gobierno espía”, acusando al oficialismo de querer consolidar un régimen de vigilancia masiva disfrazado de eficiencia administrativa. Cuestionó la rapidez con la que se presentó el dictamen, con más de 300 artículos, horas antes de su votación. Aseguró que se trata de una estrategia para evitar el análisis profundo y la discusión ciudadana.
El legislador panista expuso que esta CURP, que incluiría foto y huellas digitales, podría ser usada por cualquier institución pública o privada para acceder a servicios. Pero lo más alarmante, dijo, es el acceso del Ejecutivo a bases de datos vehiculares, telefónicas, fiscales y hasta de armamento, todo sin autorización judicial.
Privacidad amenazada
Anaya lamentó la desaparición de organismos autónomos como el INAI, asegurando que con esta reforma, “ya no hay quién defienda tu privacidad”. También criticó el uso del dolor de las madres buscadoras para justificar una medida que, según él, atenta contra las libertades individuales.
En su intervención final, el senador exigió que se abra un debate nacional para que los ciudadanos decidan si están dispuestos a entregar su privacidad al Estado. Más allá del objetivo oficial, el contenido de la reforma genera dudas sobre su verdadero alcance, y plantea una inquietante posibilidad: que bajo el pretexto de la seguridad, se normalice el control absoluto.
