Chihuahua, 27 de octubre de 2025.
El estado de Chihuahua ha sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al ocupar el quinto lugar nacional con el mayor monto de recursos federales transferidos con gastos pendientes de comprobación. Este preocupante hallazgo, resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública, pone en entredicho la transparencia y el manejo de los fondos destinados a infraestructura, salud y educación en la entidad, generando un fuerte llamado a la rendición de cuentas.
Según el informe preliminar de la ASF, los gastos por aclarar en Chihuahua suman una cifra considerable que asciende a varios cientos de millones de pesos, provenientes principalmente de fondos y participaciones federales. Esta cantidad pendiente coloca a la entidad del norte en un panorama complejo, solo superada por estados con historiales de alta opacidad en el manejo de recursos públicos.
La problemática de los gastos por aclarar no se limita a errores administrativos; la ASF ha detectado en años anteriores posibles desviaciones, subejercicios y pagos a empresas fachada o por obras inexistentes. La recurrencia de Chihuahua en el top ten nacional de este rubro sugiere fallas estructurales en los mecanismos de control interno y de vigilancia en la administración pública estatal.
Las autoridades competentes en Chihuahua tienen ahora un plazo perentorio para presentar la documentación que justifique la totalidad de los montos observados. De no hacerlo, los expedientes podrían escalar a procesos penales por presunto desvío de recursos y corrupción, afectando no solo a funcionarios actuales sino a gestiones anteriores cuyos procesos de revisión aún están activos.
La sociedad civil de Chihuahua, junto con organismos empresariales, ha exigido una respuesta inmediata del gobierno estatal para esclarecer cada una de las observaciones realizadas por el órgano fiscalizador. El reto es claro: recuperar la confianza pública y demostrar un compromiso real con la transparencia financiera, garantizando que los fondos federales se traduzcan en bienestar para los ciudadanos y no en expedientes de opacidad.
