ESTADOS UNIDOS, 10 DE JUNIO DEL 2025.
Blake Lively experimentó una victoria legal importante luego de que un juez federal desestimara la demanda por difamación de 400 millones de dólares interpuesta por Justin Baldoni. La actriz, protagonista de It Ends With Us, fue acusada por su coprotagonista en lo que el tribunal ha determinado como un litigio sin sustento.
Apoyo público y agradecimiento sincero
Tras conocerse el fallo, Lively expresó su alivio mediante una historia de Instagram, agradeciendo el apoyo recibido y destacando que muchas personas enfrentan situaciones similares sin contar con los recursos para defenderse. También reafirmó su compromiso de seguir alzando la voz en defensa de los derechos de las mujeres: “Nunca dejaré de abogar por ustedes”.
El juez Lewis J. Liman resolvió que las declaraciones de Lively estaban protegidas por privilegios legales, descartando los intentos de Baldoni por vincularla con difamación más allá de su queja oficial por acoso sexual. Además, el juez concluyó que no había evidencia que demostrara mala intención por parte de Lively ni de su esposo, Ryan Reynolds, también mencionado en la contrademanda.
Posibles consecuencias para Baldoni
Los abogados de Lively calificaron el fallo como “una victoria total” y anticiparon que buscarán una compensación por los gastos legales y daños punitivos. El equipo legal de la actriz considera que Baldoni y su productora Wayfarer Studios incurrieron en una demanda retaliatoria tras la denuncia por acoso presentada en diciembre de 2024.
Este caso ha sido seguido de cerca por medios y audiencias debido al calibre de los implicados y su relevancia en la industria del entretenimiento. Lively se mantiene firme en su postura, y aunque retiró momentáneamente sus reclamos por angustia emocional, aún tiene la opción de retomarlos. El próximo juicio relacionado con el caso está agendado para marzo de 2026.
El fallo representa algo más que una victoria personal para Lively: pone sobre la mesa los límites entre el poder legal y el derecho a denunciar. En un ambiente donde las denuncias pueden desencadenar represalias judiciales, este caso puede marcar un precedente para proteger la voz de quienes buscan justicia.
