9 de octubre de 2026
Ciudad de México.- Diputados del PRI rechazaron la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, al considerar que la propuesta busca acelerar la digitalización de la economía sin resolver primero problemas como la falta de acceso a internet, la baja bancarización, la ciberseguridad y la protección de datos personales.
La legislación fue aprobada esta semana por la Cámara de Diputados con 327 votos a favor y 122 en contra, y ahora deberá continuar su proceso legislativo en el Senado. Su objetivo es promover el uso de pagos digitales y electrónicos, disminuir gradualmente la dependencia del efectivo y ampliar la inclusión financiera en el país.
Entre las herramientas contempladas se encuentran el uso de SPEI, CoDi y mecanismos de identificación digital como la CURP Digital, además de la obligación de que distintas autoridades y proveedores habiliten infraestructura para recibir pagos electrónicos.
Durante la discusión, el diputado priista Emilio Suárez Licona sostuvo que México sí necesita avanzar hacia una economía más digital, pero advirtió que hacerlo sin atender las diferencias de acceso a tecnología podría aumentar las desigualdades existentes.
Entre los pendientes señalados por el PRI se encuentran garantizar conectividad suficiente, acompañar a las micro, pequeñas y medianas empresas en la transición, fortalecer las medidas contra fraudes y ciberdelitos, proteger la información financiera y establecer con mayor claridad qué responsabilidades tendrá cada autoridad.
Otro de los cuestionamientos se centra en la privacidad de los datos personales y financieros. Legisladores de oposición expresaron preocupación por la cantidad de información que podría concentrarse en sistemas digitales vinculados con operaciones económicas e identificación de usuarios. Esos señalamientos forman parte de la postura política de los legisladores opositores y no equivalen, por sí mismos, a que la nueva ley permita vigilancia indiscriminada.
Millones de mexicanos todavía dependen del efectivo
El diputado Christian Castro Bello argumentó durante el debate que millones de personas todavía enfrentan limitaciones de conectividad, acceso bancario e infraestructura básica, por lo que pidió que la transición digital contemple esas diferencias.
El legislador citó cifras según las cuales alrededor de 32 millones de personas no tienen acceso a internet, mientras una parte importante de la población carece de computadora o cuenta bancaria. También puso sobre la mesa las condiciones de adultos mayores y comunidades rurales que continúan dependiendo principalmente del efectivo.
La preocupación no ha surgido únicamente de partidos de oposición. La Concanaco Servytur ha respaldado la modernización de los pagos, pero ha pedido que la transición sea gradual y considere los costos que enfrentan las MiPyMEs.
De acuerdo con un diagnóstico de la organización empresarial, las comisiones representan la principal barrera para aceptar pagos digitales, mencionada por 35% de los negocios consultados, seguida de problemas de conectividad, preferencia por el efectivo, desconocimiento y tiempos para disponer del dinero.
Además, Concanaco señaló que las terminales y herramientas de cobro pueden implicar costos desde decenas hasta miles de pesos y comisiones de hasta 5.39% por venta, dependiendo del proveedor y el servicio contratado.
Gobierno defiende la digitalización
El Gobierno federal sostiene una postura distinta. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que la Ley de Economía Digital busca aumentar la seguridad y eficiencia de las operaciones, facilitar la formalización de negocios y reducir el uso de efectivo.
La propuesta pretende aprovechar infraestructura que ya existe, como SPEI y CoDi, para realizar transferencias inmediatas y facilitar que los comercios puedan recibir pagos desde teléfonos celulares. También contempla que los tres órdenes de gobierno avancen en la aceptación de pagos electrónicos para trámites y servicios.
El dictamen incluye además una excepción importante: cuando exista una contingencia que impida recibir un medio de pago electrónico o digital, se permitirá utilizar efectivo o cheque, según el reporte legislativo de la iniciativa.
Durante la discusión en San Lázaro, legisladores de Morena defendieron que la norma no pretende eliminar inmediatamente el efectivo, sino ampliar las alternativas de pago y generar condiciones para una transición gradual.
PRI pidió frenar la discusión y abrir un parlamento
Antes de la votación, la diputada Verónica Martínez García, del PRI, presentó una moción para suspender la discusión y devolver el proyecto a comisión con el propósito de realizar un parlamento abierto con especialistas, empresas y ciudadanos. La propuesta no prosperó.
El debate continuará ahora en el Senado, donde la legislación deberá ser analizada y votada antes de poder convertirse definitivamente en ley.
La discusión deja dos posiciones principales: quienes consideran que ampliar los pagos digitales puede impulsar la inclusión financiera, reducir costos y facilitar la formalización, y quienes sostienen que la transición debe acompañarse primero de mayor conectividad, protección de datos y condiciones especiales para personas y pequeños negocios que todavía dependen del efectivo
