16 de julio de 2026. El Gobierno de México anunció una ofensiva legal y diplomática contra Estados Unidos tras la muerte de 17 ciudadanos mexicanos relacionadas con operativos y centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su administración buscará justicia y que no permitirá que estos casos queden impunes.
Las acciones incluyen denuncias penales ante autoridades estadounidenses, posibles demandas civiles contra empresas privadas que administran centros de detención y una solicitud formal para que organismos internacionales revisen posibles violaciones a los derechos humanos. Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha enviado notas diplomáticas y cartas a los centros donde ocurrieron los fallecimientos para exigir investigaciones y medidas preventivas.
Sheinbaum exige justicia por los migrantes mexicanos
Durante su conferencia, Claudia Sheinbaum afirmó que la muerte de los connacionales «no es un tema solamente del Gobierno de México», sino una cuestión de derechos humanos que debe ser investigada a fondo por las autoridades estadounidenses. La mandataria subrayó que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos, sin importar en qué país se encuentren.
El caso que detonó la respuesta del Gobierno fue el fallecimiento de Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano que murió tras recibir un disparo de un agente del ICE durante un operativo en Houston. Sin embargo, las autoridades mexicanas sostienen que, desde el inicio del nuevo mandato de Donald Trump, al menos 17 mexicanos han perdido la vida durante redadas o mientras permanecían bajo custodia migratoria.
México lleva el caso a instancias internacionales
La estrategia también contempla solicitar la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el objetivo de que se investiguen las condiciones en los centros de detención y se determinen posibles responsabilidades internacionales. El Gobierno mexicano considera que existen indicios de abusos, negligencia médica y violaciones sistemáticas a los derechos de los migrantes.
Con estas acciones, México busca que los responsables enfrenten consecuencias legales y que se fortalezcan las garantías para proteger a los migrantes mexicanos en territorio estadounidense.
