Ciudad Juárez, Chih. 18 de marzo de 2026.
La polémica reforma electoral, conocida como el «Plan B», plantea una reconfiguración drástica en la integración de los ayuntamientos del estado de Chihuahua. De acuerdo con el análisis de la nueva normativa, los municipios con mayor densidad poblacional, como Chihuahua capital y Ciudad Juárez, verían reducida su planilla de regidores. Esta medida busca generar ahorros en el gasto corriente de las administraciones locales; sin embargo, los críticos señalan que estos ahorros deberían etiquetarse con transparencia para proyectos urgentes de infraestructura vial en Ciudad Juárez, donde el déficit de pavimentación sigue siendo una queja ciudadana constante en este 2026.

Contrario a la reducción en las grandes urbes, la reforma contempla un incremento en el número de regidores para municipios con menor población, bajo el argumento de garantizar una representación más plural en las zonas rurales. Esta redistribución ha generado un intenso debate legislativo sobre la proporcionalidad y el costo de la democracia. Para los defensores de la reforma, optimizar el tamaño de los cabildos en las ciudades más grandes permitirá liberar recursos que podrían fortalecer la infraestructura vial en Ciudad Juárez, mejorando la movilidad en los sectores periféricos que han sido históricamente olvidados por el presupuesto municipal.
Por otro lado, diversas fuerzas políticas advierten que reducir la representación en Juárez podría debilitar la vigilancia sobre los procesos de licitación de obra pública. La fiscalización es clave para asegurar que cada peso destinado a la infraestructura vial en Ciudad Juárez se aplique de manera eficiente y sin corrupción. Mientras la reforma avanza en los tribunales, los ayuntamientos afectados han comenzado a realizar proyecciones financieras para ajustar sus organigramas. El desenlace de esta batalla legal determinará no solo quiénes integran los próximos cabildos, sino también el destino de los ahorros presupuestales durante este segundo trimestre del año.
