MÉXICO, 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
Durante la última década, México ha vivido un proceso de avance legal en torno al aborto, pero las cifras revelan una realidad distinta.
Entre 2015 y agosto de 2025 se han abierto 7,511 carpetas de investigación por aborto, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). A pesar de que en 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional penalizar de manera absoluta este derecho, y de que 22 estados ya reformaron sus códigos penales, las fiscalías y ministerios públicos continúan abriendo procesos.
Tres entidades concentran más de la mitad de estas carpetas: Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León, sumando más de 3,800 casos. La paradoja es que la capital, donde el aborto es legal desde 2007, reporta un aumento del 41% en investigaciones. La organización GIRE destacó que muchos de estos procesos no necesariamente recaen sobre mujeres, sino también sobre personal médico o acompañantes, lo que perpetúa un entorno de persecución.
Además, se han detectado inconsistencias en las cifras reportadas por las fiscalías estatales, lo que evidencia rezagos en la implementación de las reformas. Aunque no siempre terminan en sentencias, los procesos mantienen un estigma legal y social que impacta a miles de personas. Este panorama demuestra que la despenalización formal aún no garantiza una práctica libre de criminalización.
